A pesar lo activa que es la ciudadanía en Antioquia, por su apego a la tierra y sus tradiciones, la financiación de campañas políticas y el pago de favores, además de las falsas compañas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o RS Empresarial (RSE), han impedido que los intereses sociales se mantengan en el tiempo.

En primer lugar, desde que los proyectos mineros se proyectaron en Jericó, las empresas extractivas se aliaron con la clase política para garantizar la realización de sus intereses. Ahora, parece que las autoridades de Jericó están "amangualadas" o coinciden en sus intereses con la mega-minería. Incluso, los proyectos de turismo sostenible fueron retirados porque no parece haber garantías para su realización. La captura de la administración pública por parte de la mega-minería ha sido comprendida por otras empresas más amables con el territorio. Los campesinos, incluso dicen que la fuerza pública parece estar defendiendo los intereses de la mega-minería; un ejemplo, es la criminalización del movimiento en favor de los derechos de la naturaleza y el territorio.

Por su parte, Medellín está lleno de canteras para explotación de material, y no hay muchos controles... por las mismas razones: intereses que financian campañas y el relativo pago de favores.

Finalmente, queda en el debate el valor de los instrumentos para promover la RSE: ¿Qué tanto cambiaría la situación el triunfo de los PNA y el tratado o acuerdo que promueve la ONU? ¿Se recrudecerían las demandas según el esquema de Business and Human Rights?

Gracias.