La situación en Colombia plantea un escenario de incertidumbre para aquellos que ejercen la labor de defensa ambiental y esto ha generado un especial impacto a comunidades étnicas, afrodescendientes y campesinos. Ambiente y Sociedad ha identificado a través del acompañamiento jurídico a procesos comunitarios, que los procesos de protección del ambiente están inmersos en escenarios de riesgo que tienen como factor común el rechazo por parte de actores armados ilegales y algunos actores estatales al rol de defensa de ecosistemas estratégicos por parte de procesos comunitarios que se oponen directamente a poderes económicos como la industria extractiva, al acaparamiento de tierras, a economías ilícitas como la minería ilegal o el narcotráfico, siendo expuestos a mayores riesgos y se enfrentan impactos significativos en territorios alejados, donde son objeto de agresiones y persecuciones. Lo anterior se ve reflejado en el aumento desmedido de asesinatos y amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en un país inmerso en un conflicto armado de muchos años, tal como lo ha evidenciado los informes de Global Witness donde Colombia se sitúa como los países más peligrosos y con mayor número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente entre 2012 y 2021.
En este contexto, el Acuerdo de Escazú, específicamente su artículo 9, se presenta como una disposición única en su género, representando un avance significativo no solo para la región, sino también para Colombia dado que ofrece un marco de oportunidad para que la defensa del ambiente supere las situaciones de riesgo y la garantía de un entorno seguro y propicio donde las personas defensoras promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales. Integrar el Acuerdo de Escazú a nuestro marco normativo nacional permite establecer un régimen que reconoce las particularidades del rol de defensa del ambiente, garantizando escenarios preventivos y de protección
con la significativa participación del público y de los defensores ambientales, así como escenarios de fortalecimiento de capacidades para las instituciones del estado involucradas y la ciudadanía en general a través de un escenario de cooperación relevante a nivel de América Latina y el Caribe.
En ese sentido, este curso en Alianza con el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario está planeado para profundizar en 5 temas centrales para reconocer la importancia del rol de las y los defensores así como las amenazas a las que se enfrentan: (i) la crisis ambiental y climática y los conflictos socioambientales relacionados con la implementación de megaproyectos minero energéticos, agroindustriales y de infraestructura, que en su mayoría, colisionan directamente con los intereses de las comunidades debido a los impactos en sus territorios; (ii) la definición y la caracterización de las y los defensores ambientales; (iii) profundización sobre el Acuerdo de Escazú como un instrumento para impulsar la armonía institucional; (iv) los riesgos y amenazas que enfrentan las y los defensores ambientales; (v) el marco normativo y las medidas de respuesta y protección.
- Objetivo
Generar un espacio de aprendizaje y sensibilización para funcionarios y funcionarias públicas de Colombia, centrado en la labor y experiencia de defensa ambiental y las diferentes formas de ejercer esta labor, los riesgos que enfrentan y las rutas que existen para responder a sus situaciones, entre otros aspectos. Esto, por medio de espacios dinámicos, con ejercicios prácticos, en los que prime el diálogo y construcción colectiva que permitan reconocer la experiencia de las y los participantes, y nutrir esos conocimientos a través de un curso de capacitación gratuito.
- Dirigido a:
Funcionarios/as públicos/as del Ministerio de Ambiente, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental (SINA).
La beca estará compuesta por 3 módulos, 7 sesiones y 14 horas de trabajo, y se desarrollará de manera virtual y sincrónica. Cada sesión tendrá una duración de dos horas.
Se realizará un evento presencial como ceremonia de cierre del curso.
El formato de los espacios será el siguiente:
- Sesión tipo clase magistral
- Conversatorio con preguntas a un/a experto/a
- Panel entre dos o tres expertos.
Cronograma para cursos sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales
Vanessa Torres
Abogada, egresada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Ambiental de la misma universidad. Investigadora de temas ambientales relacionados específicamente con el monitoreo de la banca multilateral y nuevos actores emergentes, nuevas formas de financiamiento para las industrias extractivas y el sector de infraestructura en Latinoamérica. Coordinadora de proyectos con proyección regional para la transformación de usos del territorio con una visión comunitaria. Miembro de redes internacionales de seguimiento a instituciones financieras internacionales, actores emergentes de inversión, bancos nacionales. Representante en diferentes espacios a nivel internacional y grupos regionales relacionados con el monitoreo de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica. Actualmente es subdirectora y coordinadora del área de Financiamiento y Derechos Socioambientales en la Asociación Ambiente y Sociedad.
Lina Muñoz
Abogada de la Universidad del Rosario, Especialista en Derecho Constitucional, Magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático y Doctora en Derecho Summa Cum Laude. Actualmente es la Directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental y Asesora de la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá en donde se desempeña como profesora de tiempo completo. Ha sido investigadora posdoctoral del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional (Heidelberg, Alemania).
Maria Lucía Torres
Abogada de la Universidad del Rosario, Doctora de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos de la misma universidad. Profesora asociada y directora del Pregrado de la Fcaultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Directora del Grupo de Acciones Públicas, GAP.
Gloria Amparo Rodríguez
Profesora e investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Abogada y doctora (PhD.) en sociología jurídica e instituciones políticas por la Universidad Externado de Colombia, magíster en medio ambiente y desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en derecho ambiental, derecho médico y sanitario y negociación, conciliación y arbitraje de la Universidad del Rosario. Cuenta con publicaciones sobre derecho ambiental, participación ciudadana, consulta previa y derechos étnicos. Ha sido conjuez de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Actualmente, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Andrea Prieto
Geógrafa de la Universidad Nacional con maestría en estudios socioambientales. Ha participado en varias investigaciones sobre cambio climático en Colombia y su impacto en los ecosistemas y en las comunidades.
Sofía Díaz
Abogada con opción en Antropología de la Universidad de los Andes. Tiene estudios en intervenciones terapéuticas en contextos sociales y ordenamiento territorial, y experiencia en pedagogía comunitaria y en transversalización del enfoque de género en planes, programas, proyectos y políticas.
Luisa Sánchez
Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Igualdad. Su enfoque investigativo se ha centrado en temas relacionados con derechos colectivos y derecho ambiental, lo que la ha llevado a colaborar estrechamente con comunidades campesinas, indígenas y negras en diversas regiones del país. En los últimos años, su labor se ha enfocado principalmente en trabajar con gestores comunitarios y líderes ambientales en la promoción del derecho humano al agua
Alec Yamir Sierra Montañez
Antropólogo y Magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. He trabajado en el análisis de los impactos del conflicto armado en Colombia y en la protección y acompañamiento a comunidades en riesgo de violaciones a los derechos humanos.
Coordinadoras
Laura María Montaño García:
Abogada y estudiante de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad de Los Andes. Investigadora del área de Empresas y Derechos Humanos con conocimiento en las áreas de derecho ambiental, derecho administrativo, derecho constitucional, política nacional, organización y estructuración de proyectos. Fue parte de la Clínica Jurídica Programa para la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de Los Andes.
Karol Sanabria Rodriguez
Abogada egresada de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario con profundización en derecho constitucional y derechos humanos, especialización en Derecho Ambiental y Maestría en Derecho y Gestión Ambiental. Desde su pregrado, en el Grupo de Acciones Públicas (GAP), brindó asesoría y acompañamiento legal a comunidades vulnerables para la defensa de sus derechos, a través de un litigio de alto impacto. Dentro de su experiencia se destaca su labor de investigación sobre perspectivas de la implementación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París y su práctica jurídica en el Observatorio del Principio 10 de la CEPAL en Chile, un intercambio de información de leyes, políticas, jurisprudencia y tratados que garantizan los derechos de las personas a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.