Cuando nos enfrentamos a conflictos socioambientales, con consecuencias en los derechos humanos, creemos estar solamente ante dos actores: el Estado, de un lado, y la comunidad, del otro. Esto se corresponde con el hecho de que, históricamente, son los Estados los responsables, como signatarios de tratados internacionales ante organismos internacionales, los llamados a responder por violaciones de derechos humanos que ocurren en sus territorios, incluyendo las acciones cometidas por terceros, como las empresas. Pero, desde finales de la década de los años 90, la comunidad internacional ha señalado que hay, aparte de los dos citados, otros actores que influyen en los impactos, en las decisiones y en la manera en la que se desenvuelven los conflictos como las empresas privadas o públicas, nacionales o transnacionales, bancos nacionales o multilaterales y otros de la misma esfera no pública o social. En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por unanimidad los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y nombró a un conjunto de personas expertas para apoyar su implementación y divulgación, llamado el Grupo de la ONU sobre las Empresas y los derechos humanos. En Colombia, en 2019, la Consejería Presidencial por los Derechos Humanos anunció la actualización del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, con base en el documento creado en el 2015. Así como el plan anterior, este plan tiene unas fallas estructurales que continúan con la falta de definición de acciones concretas y asignadas para la protección efectiva de derechos humanos.
Los Principios Rectores que se han planteado para tramitar los conflictos con las empresas establecen que: (i) los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de posibles impactos de terceros, incluidas las empresas; (ii) las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, como “norma de conducta mundial” aplicable para todas las empresas y exigible a ellas; (iii) es necesario actuar de manera proactiva con respecto a los riesgos e impactos que sufren las personas por causa de las actividades empresariales y facilitar el acceso a mecanismos de reparación.
En ese sentido, este curso está planeado para profundizar en 4 temas centrales para comprender las dinámicas empresariales en los territorios en los que ejercen sus funciones e identificar las estrategias efectivas frente a las violaciones de derechos humanos y los conflictos socioambientales en los que están implicadas las empresas. Los cuatro temas serán: (i) la naturaleza y estructura de las empresas; (ii) los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos; (iii) el rol de la banca multilateral y la aproximación a ella en conflictos socioambientales; y (iv) la diligencia debida a la que se encuentran obligadas las empresas y los mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas.
El curso tendrá una duración de 5 semanas con 6 módulos o sesiones. La primera sesión será un video introductorio que versará sobre los objetivos del curso, su contenido y metodología, así como algunos conceptos claves sobre la relación entre empresas y derechos humanos. Las sesiones 2, 3, 4 y 5 abordarán los temas de profundización así: estructura empresarial, Principios Rectores de la ONU, banca multilateral, y diligencia debida. Finalmente, realizaremos una actividad de cierre en la que se busca que los participantes debatan en torno a los conceptos y temas analizados y tracen una ruta de acción para su aplicación.
Las personas participantes tendrán una semana para desarrollar los contenidos de cada sesión. La sesión sincrónica en línea (webinario) tendrá una duración aproximada de dos horas y estará dividida en dos momentos: en el primero, se hará una exposición de los temas relacionados con la sesión y en la segunda, se propiciará el diálogo y debate de quienes participan por medio de foros de discusión, videos y actividades relacionadas. Cada sesión contará con actividades guía, lecturas, videos y otras acciones recomendadas.
Resultados esperados:
Las personas participantes registradas y que han tomado todo el curso tendrán elementos de análisis con respecto a los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, así como la estructura de empresas nacionales y transnacionales, el papel de la banca multilateral, y los aspectos de la diligencia debida en derechos humanos, para la articulación y planeación estratégica dirigida a prevenir o mitigar los conflictos socioambientales en sus municipios y departamentos.
Amanda Romero-Medina: Es desde hace nueve años, investigadora Senior y actualmente Representante para América del Sur del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, ONG con sedes en Londres, Nueva York, Bogotá y Berlín. Reside en Bogotá y es doctora en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, con un trabajo sobre racismo y afrodescendientes en Colombia. Magister en desarrollo educativo y social por CINDE-UPN y especialista en Derechos Humanos por la Fundación Canadiense de Derechos Humanos y el Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Además, es profesora titular de cátedra de la Maestría en Derechos Humanos, gestión de la transición y el postconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP en Colombia. Ha acompañado procesos de formación en derechos humanos a organizaciones afrodescendientes y de pueblos indígenas en América Latina y ha realizado investigaciones sobre enfoques étnicos, niñez y género en conflictos armados, en su trabajo con las organizaciones de la sociedad civil.
Vanessa Torres: Abogada, egresada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Ambiental de la misma universidad. Investigadora de temas ambientales relacionados específicamente con el monitoreo de la banca multilateral y nuevos actores emergentes, nuevas formas de financiamiento para las industrias extractivas y el sector de infraestructura en Latinoamérica. Coordinadora de proyectos con proyección regional para la transformación de usos del territorio con una visión comunitaria. Miembro de redes internacionales de seguimiento a instituciones financieras internacionales, actores emergentes de inversión, bancos nacionales. Representante en diferentes espacios a nivel internacional y grupos regionales relacionados con el monitoreo de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica. Actualmente es subdirectora y coordinadora del área de Financiamiento y Derechos Socioambientales en la Asociación Ambiente y Sociedad.
Dante Pesce: Miembro del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas de la ONU. Tiene una Maestría en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y un master en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Es el fundador y Director Ejecutivo del Centro VINCULAR de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile (2001-actualidad), que trabaja en 14 países de América Latina en la difusión, creación de capacidades y servicios de asesoramiento relacionados con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables, incluyendo las empresas y los derechos humanos, informes de sostenibilidad y estrategia de sostenibilidad corporativa. Su trabajo implica interacciones y proyectos con organizaciones del sector público, empresas privadas y asociaciones empresariales. Ha colaborado activamente en la elaboración de estándares internacionales tales como ISO26000, las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y GRI G3, G3.1 y G4. El Sr. Pesce es asesor especial sobre políticas públicas para el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Miembro del Consejo de la Iniciativa Mundial de Información (Global Reporting Initiative (GRI)) y miembro del Grupo Asesor Estratégico dentro de la norma ISO26000. A nivel nacional, es miembro del Consejo chileno sobre Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, que estableció el primer Plan Nacional de Acción de Chile para 2015-2018. Durante la década de 1980 participó activamente en la restauración de la democracia en Chile y durante la década de los noventa fue líder de una ONG comunitaria.
David Cruz: Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho. Fue becario del programa para investigadores sobre China del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Es investigador en el área de Financiamiento y Derechos Socioambientales de la Asociación Ambiente y Sociedad, donde realiza seguimiento a los impactos sociales y ambientales de proyectos y megaproyectos de desarrollo.
Fabián Andrés León Peñuela desde el mes de diciembre de 2019 es investigador de la oficina Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ONG con sedes en Londres, Nueva York, Bogotá y Berlín. Reside en Bogotá, es especialista en educación y gestión ambiental por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y especialista en Justicia, Víctimas y construcción de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y Economista y politólogo de la Universidad de Montreal (Canadá). Es miembro del grupo de investigación “Justicia Real” de la Facultad de Derecho, Ciencias políticas y sociales de La universidad Nacional de Colombia. Además, tiene experiencia con población migrante y refugiados con quienes trabajó por más de 6 años en Canadá. Ha acompañado procesos de formación ambiental y en derechos humanos con comunidades indígenas y campesinas.
Natalia Gómez Peña: Abogada, egresada de la Universidad del Rosario, máster en derecho de la Universidad de Washington. Actualmente trabaja como abogada en CIVICUS en la promoción y participación de redes ciudadanas. Hizo parte del Grupo de Acciones Públicas (GAP) y del Semillero de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Fue elegida Representante del Público en el Proceso de Negociación Regional de un Instrumento Jurídico Internacional que implemente en Latinoamérica y el Caribe los Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia Ambiental contenidos en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Pasante legal de la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Juan Espinosa: es investigador del programa Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Politólogo, Especialista en Víctimas, justicia y construcción de paz y estudiante de la Especialización en Memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Trabaja por la defensa de los derechos humanos y tiene experiencia con las bases de datos del Programa Somos Defensores y del Business & Human Rights Resource Center.
Coordinadoras:
CIEDH:
Valentina Muñoz Bernal: Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de economía de la misma Universidad. Es cofundadora del capítulo de la Universidad Nacional del grupo estudiantil UAEM (Universities Allied for Essential Medicines), es embajadora en Colombia del proyecto Women4Peace y actualmente se desempeña como investigadora del programa Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
AAS:
Laura María Montaño García: Abogada y estudiante de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad de Los Andes. Investigadora del área de Empresas y Derechos Humanos con conocimiento en las áreas de derecho ambiental, derecho administrativo, derecho constitucional, política nacional, organización y estructuración de proyectos. Fue parte de la Clínica Jurídica Programa para la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de Los Andes.